España ha puesto sobre la mesa una candidatura que puede redefinir su posición en la infraestructura europea de inteligencia artificial. En junio de 2026, el Gobierno autorizó una aportación de 300 millones de euros a EuroHPC para cumplir el requisito que permite al país concurrir por una de las primeras gigafactorías de IA de la Unión Europea. La operación se suma a una apuesta más amplia por capacidad de cálculo, empresas tecnológicas y autonomía digital.
Una carrera que va mucho más allá de los servidores
Una gigafactoría de IA no es simplemente un centro de datos de mayor tamaño. Son instalaciones concebidas para crear y entrenar modelos avanzados de inteligencia artificial, con unas necesidades especialmente elevadas de potencia de cálculo, redes de datos y energía. La dimensión del proyecto explica por qué la carrera europea tiene también una lectura económica y territorial.
El objetivo declarado por las instituciones europeas es reducir la dependencia exterior en supercomputación. En España, esa estrategia se traduce en una candidatura que combina inversión pública y privada y que aspira a convertir la capacidad de computación en una infraestructura disponible para universidades, centros de investigación, instituciones y empresas.
En junio, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) recibió autorización para invertir 719 millones de euros en el consorcio público-privado que desarrollará la candidatura española. El proyecto plantea una fórmula multisede con Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares, en Madrid, como emplazamientos para la infraestructura tecnológica.
La dimensión económica tampoco es menor: el proyecto está previsto para movilizar hasta 5.000 millones de euros. El consorcio cuenta con participación de SETT, Telefónica, ACS, Banco Santander, Multiverse Computing y la Generalitat de Catalunya. La candidatura queda así vinculada a una colaboración entre Administración y grandes compañías privadas.
Energía, eficiencia y territorio
La nueva geografía de la IA depende de algo tan tangible como la energía. Los centros destinados a cargas intensivas de computación necesitan grandes cantidades de electricidad y redes capaces de sostener un funcionamiento continuo. Por eso, la disponibilidad de energías renovables y de conectividad aparece como uno de los argumentos asociados a la posición española.
La otra pieza es la eficiencia. El mismo 23 de junio, el Gobierno autorizó una inversión pública de 107 millones de euros en Multiverse Computing, empresa española especializada en software de computación cuántica y compresión de modelos de IA. Según la explicación ofrecida por el Ejecutivo, esta tecnología puede reducir entre un 70% y un 80% el consumo energético de determinados modelos, un factor especialmente relevante cuando aumenta la demanda de cálculo.
La estrategia, por tanto, no se limita a construir infraestructura. También busca desarrollar herramientas capaces de aprovechar mejor esa capacidad y reforzar un ecosistema tecnológico propio.
España ya tiene una base de supercomputación
La candidatura parte además de una infraestructura que ya existe. España cuenta con dos factorías de IA concedidas a través de EuroHPC: la del Barcelona Supercomputing Center y la del Centro de Supercomputación de Galicia, CESGA. Ambas forman parte del ecosistema que el Gobierno presenta como punto de partida para ampliar la capacidad nacional.
El Barcelona Supercomputing Center alberga además MareNostrum 5, un ordenador cuántico que ha permitido realizar simulaciones del genoma humano, acelerar el diseño de nuevos fármacos y trabajar en proyectos de gemelos digitales de la Tierra. Estos ejemplos ayudan a entender que la supercomputación no es una infraestructura abstracta: puede convertirse en una herramienta para investigación científica y desarrollo tecnológico.
La futura gigafactoría añadiría una escala distinta. Su propósito sería proporcionar una capacidad de cálculo muy superior para entrenar y desarrollar los modelos más avanzados, y facilitar el acceso a esa infraestructura a actores que hoy no pueden asumir por sí mismos semejante capacidad.
Talento y soberanía tecnológica
La energía y los centros de datos no bastan. Una infraestructura de este tamaño necesita investigadores, ingenieros, empresas y universidades capaces de convertir la potencia de cálculo en proyectos concretos. La apuesta española se apoya, según el Gobierno, en una red de conectividad avanzada, disponibilidad de energías renovables, centros de investigación, universidades y un ecosistema creciente de profesionales STEM.
Ahí aparece una de las claves de fondo: la soberanía tecnológica no consiste únicamente en alojar máquinas dentro de las fronteras. También implica disponer de conocimiento, empresas y capacidad para decidir qué tecnologías se desarrollan, cómo se utilizan y dónde se concentra el valor generado.
España llega a octubre con una candidatura en marcha, pero todavía pendiente del proceso europeo que determinará qué proyectos acaban albergando las grandes gigafactorías. La carrera, por tanto, sigue abierta. Lo que ya está definido es el tamaño de la apuesta: cientos de millones de euros para ganar capacidad de cálculo y una estrategia que conecta infraestructura, energía, talento y empresas.
Si la inteligencia artificial está dibujando una nueva geografía tecnológica, la cuestión para España ya no es solo utilizarla. Es decidir qué lugar quiere ocupar en la infraestructura que hará posible la próxima generación de IA.
