Tres de cada cinco empresas españolas han padecido un aumento de morosidad en 2022.

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Según advierte el Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito, el 60% de las empresas españolas tuvieron que hacer frente a un incremento de la morosidad durante el año 2022, motivado, principalmente, por la inflación.

Desde el despacho Sanahuja Miranda analizan esta problemática y ponen el punto de mira sobre el primer trimestre del año, momento en el cual se especulaba con el vencimiento de los créditos ICO ofrecidos en la pandemia, lo que supuso graves consecuencias para la pequeña y mediana empresa.

Después de un 2021 de recuperación y tendencias positivas en casi todos los sectores de actividad, el estallido del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania volvió a poner en jaque a la economía nacional en 2022, con las empresas, en especial las pequeñas y medianas, siendo las mayores damnificadas.

Y es que, según recoge el Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito, tres de cada cinco empresas españolas (60%) han padecido de impagos en el primer trimestre del año 2022, lo que supone un incremento del 2% respecto al segundo semestre del año anterior.

“Las empresas españolas atravesaron un momento complicado, pues a la creciente inflación, que ya alcanza niveles inauditos en el último lustro, se le tuvo que sumar el retraso en la entrega de mercancías, lo que hizo, en definitiva, que las empresas vieran sus cuentas lastradas por la morosidad”, explican desde el despacho Sanahuja Miranda Abogados.

En este mismo sentido, desde Credit Bank alertan ya alertaron sobre esta clima empresarial complejo, pues el 11% de las empresas españolas llegó, según su barómetro, a renunciar a deudas una vez se provisiona el impago. Así, no es de extrañar que el 12% de las empresas que sufren de morosidad corran riesgo de cerrar por dicha problemática.

La Ley Concursal y los Créditos ICO

“Además del clima de incertidumbre generado en torno a la inflación”, señalan desde el despacho, “la pequeña y mediana empresa española se vio obligada a hacer frente a unos meses complicados, pues coincidieron en junio, por un lado, el fin del periodo de carencia de los créditos ICO, y, por otro, el vencimiento de la moratoria de la Ley Concursal”.

Esta excepcionalidad obligó a los Gobiernos y la Administración a plantear soluciones y tomar medidas urgentes para garantizar la solvencia de las pymes y autónomos, que vieron su riesgo de impago con todavía mayores posibilidades de crecimiento: “Si las pymes quedan fuera de estas medidas, acabarán recurriendo al endeudamiento, una vez más, para hacer frente a sus obligaciones surgidas a raíz de la pandemia”.